ACOHA pide la suspensión cautelar del Acuerdo del 92
* El Acuerdo del 92 que suscribieron el Estado español y la Comisión Islámica de España (CIE) respondía al imperativo constitucional que exige mantener relaciones con las creencias confesionales de la ciudadanía
* Un “pacto” con rango de Ley concebido como “expresión de la voluntad de los musulmanes españoles” en el que “se abordan asuntos de gran importancia para los ciudadanos de religión islámica”
* El Acuerdo, en una de sus disposiciones finales, establece que "... el Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes que lo suscriben... Asimismo, podrá ser objeto de revisión, total o parcial por iniciativa de cualquiera de ellas..."
* Una conferencia de federaciones auspiciada por los ministerios concernidos podría poner fin a una situación inaceptable en todos los sentidos
El Acuerdo del 92 que suscribieron el Estado español y la Comisión Islámica de España (CIE) respondía al imperativo constitucional que exige mantener relaciones con las creencias confesionales de la ciudadanía. Un “pacto” con rango de Ley concebido como “expresión de la voluntad de los musulmanes españoles” en el que “se abordan asuntos de gran importancia para los ciudadanos de religión islámica”. De tener que suscribir o ratificarse hoy, probablemente el Estado no lo haría y, según opinión de muchos, haría bien en no hacerlo.
Han tenido que pasar casi tres décadas para que una asociación solicite al Estado la suspensión cautelar del mismo. ¿Por qué?
La CIE se ideó como un instrumento necesario para constituir el Acuerdo de Cooperación, pues el Estado demandaba un ente -cual jerarquía eclesiástica- con el que “interactuar”. Dicho Acuerdo es el que fundamenta y sustenta la existencia de la CIE. Una CIE que no ha dudado en violar los principios intrínsecos de su naturaleza religiosa, además de los principios democráticos de justicia y otros de equidad ética y moral.
Desde la Asociación de Consumidores Halal (ACOHA) consideramos que, en tanto en cuanto no se resuelvan las investigaciones judiciales abiertas contra miembros de la CIE y vinculados a la misma, ésta no puede seguir estando operativa. Su continuidad está ocasionando graves daños a la ciudadanía musulmana de imposible reparación. Ante esta situación, ACOHA ha solicitado al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, don Félix Bolaños García, la suspensión cautelar del Acuerdo del 92.
Las instituciones españolas no pueden aceptar un ente que incumple los principios islámicos inherentes a su confesión, ni avalar el abandono al que relega a las comunidades islámicas a las que se debe, una actitud que mantiene desde hace su constitución.
Los escándalos judiciales de la que es protagonista la CIE, así como los reportajes periodísticos sobre las actividades de algunos de sus miembros más relevantes, confirman que la CIE no tiene interés en cumplir con la función encomendada con la firma del Acuerdo del 92.
Una conferencia de federaciones auspiciada por los ministerios concernidos podría poner fin a una situación inaceptable en todos los sentidos.