La única certeza de la política forestal en Galicia es que cuando llueve el monte no arde y en los períodos de sequía depende. Ayer fue aprobado en el Parlamento con los votos del PP y del PSOE el dictamen de la comisión de estudio de incendios y política forestal creada el 28 de noviembre del año pasado tras el fatídico mes de octubre que calcinó 50.000 hectáreas y provocó cuatro muertos. Tras escuchar a seis decenas de comparecientes, En Marea y BNG no apoyaron el texto final con más de un centenar de recomendaciones, aunque respaldan "más del 80% de las conclusiones", según cálculos de Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario del PSdeG, que defendió el voto a favor de su grupo porque "supone una gran oportunidad para modificar de raíz la política equivocada".
La buena intención no se cuestiona, como tampoco el deseo general de que las medidas cuajen, pero tampoco se puede ocultar que el encargado de dar respuesta al problema será el mismo equipo que se ha ocupado de la política forestal desde hace dos décadas salvo el paréntesis del bipartito, a no ser que el presidente Núñez Feijóo decida abrir las ventanas para que entren ideas frescas.
Entre las medidas, para mejorar las franjas de seguridad cercana a núcleos de población en los que ya casi no queda gente –y la que queda ya no está en edad para mucha guadaña– "se potenciará que en estos espacios se desarrollen actividades agrarias además de las rozas". La propuesta es de sentido común pero falta tropa para sembrar y para desbrozar. Ojalá sea la última vez que nos acordamos del monte sólo cuando arde, aunque depende.